En estos últimos días, dos hechos permitieron al gobierno uruguayo demostrar que las Fuerzas Armadas deben fidelidad al Estado y que no se aceptarán desvíos de la estructura jerárquica.
En primer lugar, la fulminante destitución del teniente general Carlos Díaz, luego de que se filtrara a la prensa que este militar, junto con otros generales (Miguel Dalmao y Pedro Aguerre), se habían reunido días atrás con Julio María Sanguinetti (ex presidente y actual legislador) y Yamandú Fau (ex ministro de Defensa Nacional), sin contar con la autorización del Poder Ejecutivo.
Carlos Díaz, quien era comandante en jefe del Ejército, fue destituido en forma inmediata, apenas Tabaré Vázquez se enteró de la noticia. Por su parte, Miguel Dalmao y Pedro Aguerre fueron sancionados con cinco días de arresto.
Más importante que la reunión en sí, es la forma en que se descubrió que el máximo jerarca militar se reunió – sin siquiera informar al presidente o a la ministro de Defensa Nacional – con destacados políticos de la oposición, ya que es evidente que la filtración a la prensa se había planificado antes de la reunión y que ésta fue una “cama” para Díaz.
Una pista sobre los intereses reales que se ocultan detrás de la reunión y el posterior dato tirado a la prensa se puede ver en la participación de dirigentes del Partido Colorado, el partido político uruguayo más afín al pensamiento militar y principal defensor de los genocidios que actuaron durante la dictadura militar y que pudieron disfrutar impunemente años y años de vida en democracia, incluso los militares que no podían – teóricamente – quedar amparados bajo la Ley de Caducidad.
El Partido Colorado lleva todas las de perder, ahora que se empezaron a investigar seriamente las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante la pasada dictadura militar. Fue un presidente colorado, Juan María Bordaberry, el que dio el golpe de estado en 1973. Y fueron decenas y decenas los políticos colorados que gustosamente aceptaron formar parte del gobierno militar, ya sea como intendentes o directamente usurpando la banca de los legisladores como ‘consejeros de estado’.
El pánico que se ha apoderado de un grupo de civiles supera por lejos el temor militar. Esto se debe, en parte, a que la mentalidad castrense condiciona fuertemente la obediencia a los mandos, hasta tal punto que un militar no tiene muchos problemas en aceptar las órdenes emanadas del presidente de la Nación.
En cambio, los civiles que participaron en la dictadura militar no pasan de ser una pandilla de vulgares delincuentes, que aprovecharon el poder militar para sacar provecho propio. Esa convivencia entre políticos y militares durante el proceso es uno de los condimentos que potenció la impunidad y la presión para “no tener los ojos en la nuca”.
Actualmente, Juan María Bordaberry está siendo juzgado por varios delitos que van desde su participación en el golpe de estado hasta el secuestro y posterior asesinato de Zelmar Michelini y Gutiérrez Ruiz. Además, se lo podría comenzar a investigar judicialmente en el caso de las desapariciones de militantes de izquierda.
Todo da a entender que fueron algunos operadores políticos los que informaron a la prensa de la reunión mantenida por el comandante en jefe y los dirigentes colorados. La intención más probable, además de agitar la cuestión castrense, fue obligar al Poder Ejecutivo a destituir a un militar que, si bien no era afín a la tendencia política del actual gobierno, demostró fidelidad y respeto, logrando obtener la confianza de parte del Poder Ejecutivo. Seguramente, junto con la destitución, se buscaba la selección de un militar que pudiera plantear una “vuelta de hoja” e intentar que los militares y civiles cómplices dejen de desfilar por los juzgados.
Tabaré Vázquez, aún intuyendo los verdaderos motivos de la operación de prensa, no podía hacer otra que destituir a Díaz. Las posteriores declaraciones de Yamandú Fau y Julio María Sanguinetti demuestran que uno de sus objetivos era intentar presentar a Tabaré Vázquez como un presidente que no razona antes de realizar una acción política importante. A las declaraciones de los dirigentes del Partido Colorado se le sumó las de Luis Pirez, presidente del Círculo Militar, quien dijo que la medida adoptada por el presidente no contribuye al acercamiento gobierno – fuerzas armadas y que “el mando no se ejerce así, con espectacularidad”.
Tabaré Vázquez, por su parte, redobló la apuesta al nombrar como comandante del ejército Jorge Washington Rosales Sosa, el general más joven y último en ser ascendido a ese grado militar, ya que no tomó en cuenta a los once restantes generales que, de acuerdo a la costumbre, estaban por delante de él.
Además, la elección de Rosales genera una ventaja adicional para el gobierno frenteamplista, ya que motiva el pase a retiro de varios de los generales que no fueron tomados en cuenta, lo que permitirá una fuerte renovación de la cúpula militar.
El resultado final termina siendo favorable para Tabaré Vázquez. Si bien perdió a Díaz, que había logrado ganar la confianza del gobierno, se demostró que los militares acatan las órdenes presidenciales, se envió un clarísimo mensaje a los dirigentes colorados y se terminará obteniendo una esperada auto-depuración en la cúpula militar.
Como en el truco, 3 por 1 es negocio.
